Las regulaciones y especificaciones para el diésel generado a partir de aceite usado de vehículos pueden variar según el país y la región. En el caso de México, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) es la entidad encargada de regular y supervisar las actividades relacionadas con la gestión de aceites usados y productos derivados del petróleo, incluyendo el diésel generado a partir de aceite de motor usado. Algunas de las regulaciones y especificaciones relevantes en México pueden incluir:
Norma Oficial Mexicana NOM-004-ASEA-2018: Esta norma establece los lineamientos para la gestión integral de aceites usados y productos derivados del petróleo en México. Define los requisitos para la recolección, transporte, almacenamiento, procesamiento y disposición final de los aceites usados, incluyendo la producción de diésel a partir de aceite de motor usado.
Especificaciones del diésel: El diésel generado a partir de aceite de motor usado en México debe cumplir con las especificaciones establecidas por la NOM-016-CRE-2016, que define las características de calidad del diésel para su uso como combustible en vehículos automotores. Estas especificaciones incluyen límites para el contenido de azufre, densidad, viscosidad, poder calorífico, contenido de agua y otros parámetros de calidad.
Autorizaciones y permisos: La producción y uso de diésel generado a partir de aceite de motor usado en México puede requerir autorizaciones o permisos específicos de la ASEA o de otras autoridades locales o estatales, dependiendo del tipo de actividad y la cantidad de diésel producido.
Es importante tener en cuenta que es responsabilidad del productor de diésel generado a partir de aceite de motor usado cumplir con todas las regulaciones y especificaciones locales aplicables, así como seguir las mejores prácticas de gestión ambiental y de calidad para asegurar un proceso adecuado y responsable de reciclaje y refinamiento del aceite usado. Además, es recomendable consultar y seguir las regulaciones y directrices actualizadas de las autoridades competentes en México para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales.